El Comité Olímpico Internacional ha abordado la espinosa cuestión de incluir los eSports en su carta olímpica. El rápido desarrollo de los deportes electrónicos no ha pasado desapercibido por el movimiento olímpico y ha sido discutido ampliamente en las últimas fechas.
Sin embargo, aunque el COI ha emitido un comunicado en el que considera los eSports y su competición «actividad deportiva», también explican que para que sea un deporte olímpico en el futuro tendría que existir una serie de condiciones que se antojan, cuanto menos, complicado que se cumplan.
El comunicado reza lo siguiente al respecto de los eSports:
- Los eSports están mostrando un fuerte creciendo, especialmente entre los jóvenes de diferentes países, y pueden proporcionar una plataforma compatible con el Movimiento Olímpico.
- La competición dentro de los eSports puede ser considerada una ‘actividad deportiva’, los jugadores se preparan y entrenan con una intensidad que puede compararse a la de los atletas de los deportes tradicionales.
- Para que el COI llegue a reconocerlos como deporte, el contenido de los eSports no debe infringir los valores olímpicos.
- Un mayor reconocimiento por parte del COI implica la existencia de una organización que garantice que se cumplan las reglas del Movimiento Olímpico (antidoping, apuestas, trampas, etc.).
- Nadie puede dudar de que se trata un pequeño paso para los eSports. El COI afirma que efectivamente los eSports pueden ser tratados en cierta manera como deporte, o como «actividad deportiva», si se quiere ser exacto. Sin embargo, la existencia de los dos últimos puntos complica la aceptación completa y su llegada a unos Juegos Olímpicos.
Fútbol y baloncesto, sí; shooters y MOBA, no
Videojuegos deportivos como FIFA, PES o NBA 2K podrían entrar dentro de los requisitos al no infringir los valores olímpicos. Otros tendrían que ser eliminados de la ecuación, como League of Legends, CS:GO, Call of Duty,… Todo aquel videojuego que tenga cierta violencia no sería considerado deporte olímpico.
También se antoja complicado que los publishers acepten la creación de una federación (nacional o internacional) que escriba unas reglas por encima de sus propios productos. Sin embargo, si alguna vez se cumplieran todas las condiciones, el COI ha abierto la puerta a que los eSports lleguen a unos Juegos Olímpicos.
QUIEN PAGARÁ SOBRECOSTOS POR APLAZAMIRNTO OLÍMPICO
Comité Olímpico Internacional (COI) y la organización de los Juegos de Tokio 2020 ha dejado en el aire dos preguntas delicadas: cuánto costará el retraso de los Juegos y quién pagará la factura.
Determinar el impacto económico que tendrá el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el verano de 2021 es una de las tareas que más apremian a los organizadores dentro de una larga lista de deberes que apenas han comenzado a abordar, y que a su vez está condicionada a la resolución previa de otras cuestiones.
«Necesitamos primero evaluar el coste del retraso, y después determinar cómo afrontarlo», dijo este jueves el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, en una rueda de prensa por vía telemática.
Facturas crecientes
Varios cálculos sitúan en torno a 300.000 millones de yenes (unos 2.600 millones de euros o 2.900 millones de dólares) el coste de mantener un año más las instalaciones especialmente construidas para los Juegos y de reorganizar las aproximadamente 46.000 reservas hoteleras para personal invitado a los Juegos.
El retraso acarreará a Japón pérdidas adicionales por valor de 220.000 millones de yenes (1.890 millones de euros / 2.040 millones de dólares) por las oportunidades de negocio perdidas al no celebrar los Juegos dentro de lo previsto, según un estudio del economista Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de la Universidad de Kansai.
Los organizadores, por el momento, no han puesto precio al aplazamiento y afirman que siguen analizando los gastos adicionales, mientras que el presidente del COI, Thomas Bach, ha cifrado la previsible factura en «varios centenares de millones de dólares».
La última versión del presupuesto para Tokio 2020, aprobada antes de que se decidiera el cambio de fechas por la pandemia, ascendía a 1,35 billones de yenes (11.600 millones de euros / 12.570 millones de dólares), financiados en su mayor parte por fondos públicos nipones y aportaciones privadas, más una contribución menor del COI.
Una discusión pendiente
Según la versión nipona de los hechos, el COI aceptó a mediados de marzo posponer los Juegos un año a petición del primer ministro nipón, Shinzo Abe, y ambas partes dejaron pendiente la espinosa decisión de cómo repartirse el coste del aplazamiento.
Por eso, los responsables de Tokio 2020 expresaron su malestar cuando el COI publicó el pasado lunes en su web un artículo según el cual Abe «había acordado que Japón continuará cubriendo los costes previstos bajo los términos del acuerdo existente» y pidieron una rectificación del organismo internacional.
El órgano con sede en Lausana (Suiza) eliminó horas después esa controvertida mención del texto y en su lugar señaló que tanto Japón como el COI mantienen sus «compromisos» y «responsabilidades» para organizar los Juegos y que ambas partes «continuarán evaluando y discutiendo conjuntamente los impactos respectivos causados por el aplazamiento».
Aunque todo podría haber quedado en un simple malentendido, la reacción de los organizadores y del Ejecutivo nipón -que también llegó a desmentir que Abe se hubiera comprometido a asumir los costes adicionales- evidenció la susceptibilidad sobre este tema, en especial del lado japonés.
En la última reunión de coordinación celebrada en Tokio a mediados de mes, el representante del COI, John Coates, dio a entender que el comité internacional no contempla contribuir al coste adicional, aunque sí ayudará a comités nacionales y federaciones afectados por la caída de ingresos y cancelación de competiciones.
Coates pidió asimismo a los organizadores que aprovecharan la ocasión para recortar el presupuesto en lo posible y sugirió que prescindieran de instalaciones «innecesarias» como los espacios para el visionado público de los Juegos o que abaratasen los servicios de «hospitalidad» que se ofrecerán a comités nacionales, medios de comunicación o patrocinadores.
Obligados por contrato
El contrato firmado por Tokio en 2013 como sede olímpica estipula que debe ser la parte nipona la que asuma los costes de la organización, obligación que en teoría sigue vigente por haber sido el Gobierno japonés el que propuso oficialmente cambiar las fechas, y siempre que ambas partes no acuerden un reparto distinto.
Pero al tratarse de una situación excepcional, las autoridades niponas confían en que el COI «asuma también su papel» a la hora de lidiar con los gastos, según dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en declaraciones a medios locales.
Sea cual sea la factura final, para el Gobierno de Abe supone un nuevo quebradero de cabeza financiero justo cuando acaba de aprobar el mayor paquete de estímulo de la historia del país para mitigar la previsible contracción económica que provocará el coronavirus.